La ECHA impulsa nuevas restricciones al cromo VI en la Unión Europea
Cromo VI. La ECHA ha dado un paso importante para reforzar la protección de la salud pública y del medio ambiente al proponer una restricción a nivel comunitario sobre una amplia gama de compuestos de cromo hexavalente (Cr(VI)). Esta medida, solicitada por la Comisión Europea, busca abordar los graves riesgos que representan estos compuestos. Estos son conocidos por su alta toxicidad y uso extendido en industrias como la galvanoplastia, el tratamiento de superficies y la formulación de mezclas industriales.
El cromo (VI) está clasificado como uno de los carcinógenos laborales más potentes. Presenta vínculos bien documentados con el cáncer de pulmón e intestinal en trabajadores expuestos y en comunidades cercanas a instalaciones industriales5. La propuesta de la ECHA surge tras un análisis exhaustivo de los riesgos sanitarios y del impacto socioeconómico de restringir estas sustancias. La restricción no solo afectaría a los compuestos de uso más común, como el trióxido de cromo y el ácido crómico, sino que también incluiría otras sustancias recogidas en la Lista de Autorización REACH, como el cromato de bario, para evitar sustituciones peligrosas.
¿Qué usos pueden quedar exentos de estas restricciones al Cromo VI?
Según la propuesta, la mayoría de los usos de Cr(VI) quedarían prohibidos. Tan sólo habría excepciones en aplicaciones específicas donde se demuestre el cumplimiento de estrictos límites de exposición y control de emisiones. Las excepciones contemplan actividades como:
- Formulación de mezclas industriales
- Galvanoplastia sobre plásticos o metales
- Uso en imprimaciones y pastas
- Otros tratamientos superficiales
- Empleo como aditivos funcionales, siempre que se garantice la seguridad de los trabajadores y la protección ambiental
La ECHA estima que la restricción podría evitar que hasta 17 toneladas de Cromo VI lleguen al medio ambiente cada año y prevenir hasta 195 casos de cáncer anuales.
El beneficio económico a largo plazo es considerable, con ahorros proyectados de entre 331 millones y 1.070 millones de euros en 20 años, dependiendo de la opción regulatoria elegida. No obstante, la transición implicará costes relevantes para la industria, que deberá invertir en alternativas más seguras y adaptar sus procesos productivos.
El proceso será transparente y participativo. Tras la presentación formal de la propuesta el 11 de abril de 2025, todos los actores implicados -industria, trabajadores y asociaciones de salud pública- dispondrán de seis meses para aportar pruebas y comentarios en una consulta pública. La ECHA organizará además una sesión informativa en línea para orientar la participación.
Finalmente, la decisión sobre el alcance y condiciones de la restricción corresponderá a la Comisión Europea y los Estados miembros, sobre la base de los análisis científicos y socioeconómicos. Esta iniciativa representa un avance clave para reducir los riesgos de cáncer y el daño ambiental asociados a sustancias químicas peligrosas, reforzando el compromiso de la UE con la salud y la seguridad.
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Fuente: ECHA
