La CE anuncia la revisión del Reglamento BPR para simplificar sus procesos
La Comisión Europea ha iniciado oficialmente la evaluación más esperada del Reglamento de Productos Biocidas (BPR). El objetivo prioritario: simplificar el procedimiento sin perder el control regulatorio. Así se confirmó durante el primer diálogo de implementación, celebrado el 15 de julio, donde el Comisario Olivér Várhelyi se reunió con un grupo seleccionado de partes interesadas formado por representantes de la industria, ONG y la ECHA.
El encuentro supone el punto de partida para una revisión del BPR que podría ser la más importante desde su puesta en marcha en 2013. La conversación giró en torno a tres cuestiones principales: los obstáculos de acceso al mercado, cómo simplificar la aplicación del Reglamento y cómo incentivar la innovación en el sector de los biocidas.
La industria utilizó este foro para reclamar un acceso más rápido al mercado y una reducción de la incertidumbre regulatoria. Argumentan que, actualmente, los procedimientos son demasiado lentos y onerosos. Por el contrario, las ONG alertaron sobre los riesgos de una desregulación excesiva. Insisten en que la protección del consumidor y la seguridad medioambiental no pueden verse comprometidas.
ONG como PAN Europe y la Health and Environment Alliance (HEAL) subrayaron la importancia de que el BPR fomente alternativas innovadoras y seguras, especialmente opciones no químicas. Recalcan que simplificar no puede ser sinónimo de relajar los estándares sanitarios ni medioambientales.
La Comisión tiene previsto publicar un resumen de estas conversaciones en breve. Además, se prepara una consulta pública que iniciará en octubre. Se espera que esta revisión fomente un debate abierto donde todos los actores puedan aportar ideas. La meta, según Bruselas, es diseñar un marco que combine agilidad, certeza legal e incentivos a la innovación, sin perder de vista la protección de la salud pública ni del entorno.
¿Qué puntos se incluirán en la revisión del Reglamento BPR?
Estos son algunos de los puntos más relevantes que se tendrán en consideración en la revisión:
- Retrasos y complejidad en la autorización: Uno de los mayores problemas identificados por la industria sigue siendo el largo tiempo y la complejidad del proceso para aprobar nuevas sustancias activas o productos biocidas. Empresas y asociaciones sectoriales insisten en que los procedimientos nacionales y la multiplicidad de criterios entre Estados miembros generan incertidumbre y dificultan la innovación. Muchos expedientes quedan “congelados” años a la espera de revisión definitiva.
- Protección de datos y barreras para las pymes: La protección de los datos técnicos (data protection) es vista como un elemento esencial para estimular la inversión. Sin embargo, al mismo tiempo, el coste y la carga administrativa suponen una barrera especialmente fuerte para las pequeñas y medianas empresas. Se están revisando propuestas para flexibilizar el sistema de generación de datos, apostando por un enfoque escalonado según los volúmenes comercializados.
- Impulso a la simplificación y desburocratización: El paquete de simplificación impulsado por la Comisión pretende reducir cargas burocráticas, agilizar los permisos y hacer más accesible la regulación para empresas, sobre todo para las pymes. El objetivo es rebajar un 25% la carga administrativa de aquí a final de la década. Esta reducción estaría en consonancia con la estrategia general de la Comisión (“one in, one out”, REFIT, etc.).
- Innovación y sostenibilidad: Hay una creciente presión por incorporar criterios de sostenibilidad en la evaluación de productos biocidas. La idea es fomentar alternativas ecológicas y facilitar la entrada al mercado de soluciones menos tóxicas. Al mismo tiempo, sigue la revisión de sustancias candidatas a sustitución, con especial atención a compuestos como PFAS o potenciales disruptores endocrinos.
- Consultas públicas y aportaciones de todos los sectores: Está prevista una gran consulta pública para otoño de 2025. En esta consulta podrán participar tanto empresas como ONG, autoridades y ciudadanos. Estos podrán aportar propuestas concretas para simplificar normativas, reducir plazos y mejorar la proporcionalidad de los requisitos.
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Fuente: Chemical Watch
